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Origen del milagro agrícola de Perú

Cuando se habla del milagro agrícola peruano, en Colombia todos nos preguntamos lo mismo: ¿cuál es la nuez de las políticas públicas que apoyan y promueven de manera tan eficaz la ruralidad y el empresariado agropecuario del vecino país? La respuesta a este sencillo, pero potente interrogante es igualmente contundente. Desde comienzos del presente siglo, Perú promulgó la Ley de Promoción del Sector Agrario No. 27360, mediante la cual declaró de “interés prioritario la inversión y el desarrollo agrario”.

El ámbito de esta trascendente normativa comprende la agricultura y la agroindustria que utilice de manera prioritaria insumos nacionales. En Colombia, como lo demuestra la balanza comercial, resulta evidente la prevalencia oficial a favor de mayores importaciones agrícolas desde diciembre del 2010.

Las disposiciones peruanas promueven la producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos; elaboración y conservación de frutas, legumbres hortalizas y producción de azúcar. De forma expresa, se excluyeron trigo, tabaco, aceites y cerveza. Los beneficios de esta legislación en materia tributaria, laboral y de seguridad social mantienen su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, paradigma abrumador de estabilidad jurídica totalmente desconocido en nuestro país.

A nivel tributario, el impuesto de renta para el agro y la agroindustria peruana es del 15 por ciento sobre la renta para las personas naturales y jurídicas, equivalente a un tercio de la carga tributaria que soportan las empresas en Colombia. El monto de las inversiones en infraestructura hidráulica y riego –prioridad absoluta de esta política de Estado a favor del agro peruano– puede ser objeto de depreciación a razón del 20 por ciento anual. Para aliviar la ausencia de ingresos y las consecuentes cargas financieras en la etapa pre-operativa de los proyectos rurales, los inversionistas locales pueden recuperar anticipadamente, y hasta por cinco años, el impuesto a las ventas causado sobre bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construcción relacionados con la actividad agraria.

En materia laboral, el Estado peruano –a diferencia del nuestro– promueve decididamente las actividades rurales. En efecto, los empleadores en el sector agrario pueden contratar personal por periodos indeterminados o fijos, acordes con la estacionalidad y la producción rural. El régimen laboral peruano permite contratos incluso de un día con salario mínimo legal equivalente; reduce las vacaciones de 30 días del régimen general a 15 días; reajusta los pagos en salud de 9 a 4 por ciento; rebaja los costos no salariales de 44 a 8 por ciento, y disminuye la indemnización sin justa causa de 12 a 6 meses.

Según la Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros, el periodo de vigencia de estos incentivos transversales coincide con el auge, consolidación y diversificación de la canasta exportadora agrícola peruana. En entrevistas sostenidas con agroexportadores, en Perú le otorgan mayor importancia al riego y la flexibilización laboral, que a los beneficios tributarios. En Colombia, se necesitan, con urgencia, todos por igual.

Fuente : www.portafolio.co - Andrés Espinosa Fenwarth

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